El proyecto de ley sobre la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario se encuentra en su fase final. Aunque su aprobación estaba prevista para la pasada legislatura, el adelanto de las elecciones suspendió su avance. El objetivo ahora es agilizar su tramitación parlamentaria para lograr su aprobación antes de finalizar 2024. Knauf Industries nos explica en qué consiste la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario y cómo el uso de envases plásticos puede contribuir a reducir el desperdicio alimentario.
El desperdicio alimentario se refiere a todos los alimentos que, habiendo sido cultivados, pescados, criados o fabricados con el propósito de alimentar a la población, se pierden a lo largo del proceso de distribución y consumo.
Según un estudio del Ministerio de Agricultura, solo en 2021 los hogares españoles desechaban 1.245 millones de kilos de comida. Si se incluye toda la cadena de suministro, el desperdicio alimentario asciende a 7,7 millones de toneladas de alimentos.
Estas cifras destacan el enorme impacto del desperdicio alimentario, reflejando las múltiples ineficiencias a lo largo de la cadena de suministro. Las consecuencias no solo son económicas, con pérdidas directas de recursos, sino también sociales y medioambientales. Con cada alimento que acaba en la basura, se pierden horas de trabajo de pescadores, agricultores y ganaderos, además de despilfarrarse recursos naturales como el agua, y energía (electricidad, combustibles, etc.).
La futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario adopta un enfoque integral, progresivo y jerarquizado para evitar el malgasto de alimentos. Esta ley aborda el problema en tres niveles:
Prevención: Impulsa la mejora de la eficiencia en toda la cadena de suministro alimentaria, promoviendo la formación de los productores y sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de reducir el desperdicio.
Acción: Fomenta la donación de alimentos que, aunque no sean comercializables, siguen siendo aptos para el consumo, contribuyendo así a una distribución más equitativa de los recursos.
Sanción: Establece penalizaciones para aquellos que incumplan las medidas de la ley, garantizando la efectividad y el compromiso en la lucha contra el desperdicio alimentario.
En esta última fase parlamentaria, la ley ha incorporado cerca de 300 enmiendas. Aunque aún se espera conocer el texto final, la futura normativa establece diversas medidas para combatir el desperdicio alimentario y fomentar la economía circular. Para ello, se articula en tres áreas principales: prevención, acción y sanción.
Todas las empresas de la cadena alimentaria estarán obligadas a contar con un Plan de Prevención. El objetivo es minimizar las pérdidas de alimentos y optimizar el aprovechamiento de aquellos que ya no son aptos para el consumo humano.
El proceso comenzará con un autodiagnóstico para identificar los puntos críticos donde se producen pérdidas y establecer medidas para evitarlas.
Una de las medidas más eficaces para reducir las mermas es la adopción de soluciones de envasado que alarguen la vida útil de productos del mar y postcosecha. Así lo destacó Esther Alonso, directora de Frutas Alonso, en una entrevista para Economía 3:
«En el caso de la pequeña fruta de hueso, como nuestras cerezas, la capacidad de protección y amortiguación del material es fundamental para evitar daños o pérdidas de producto en el envío.»
El Plan de Prevención deberá incluir una jerarquía de uso de los alimentos, con alternativas para el upcycling (reciclaje de productos) y la reintroducción de subproductos en la cadena alimentaria. La prioridad será siempre el consumo humano, fomentando la donación de alimentos a bancos de alimentos, ONGs, entre otros.
Las empresas receptoras deben establecer mecanismos que garanticen la trazabilidad y la transparencia de los productos donados. Queda prohibido revender o comercializar estos alimentos.
El siguiente nivel de prioridad será la transformación de alimentos no vendidos, pero aún aptos para el consumo, en productos como zumos, salsas, mermeladas, purés, entre otros.
En un nivel inferior, se contempla la recuperación de alimentos no comercializables para el consumo humano y su reorientación hacia la alimentación animal y la fabricación de piensos.
Si ninguna de estas opciones es viable, se permitirá su valorización como compost o biocombustibles, contribuyendo así a la economía circular.
Los supermercados descartan entre un 25% y un 40% de las frutas y verduras, simplemente por no cumplir con las especificaciones de calibre o por no ser visualmente atractivas. La nueva normativa busca dar cabida en los lineales a estos productos "imperfectos", "antiestéticos" o "feos", contribuyendo a reducir el desperdicio.
Además, se propone un replanteamiento racional de las fechas de consumo preferente. El objetivo es alinear la vida comercial del producto en el punto de venta, que suele ser más corta, con su vida útil real, evitando así el descarte innecesario de alimentos que siguen siendo seguros para el consumo.
En el ámbito de la restauración, se fomentará la flexibilización de los menús, permitiendo a los consumidores elegir guarniciones o raciones de distintos tamaños, adaptándose mejor a sus necesidades y reduciendo el desperdicio de comida.
Se establecerán sanciones que van desde los 2.001 hasta los 60.000 euros para aquellos que no implementen las medidas establecidas en la ley.
Con la implementación de esta ley, se pretende reducir a la mitad el volumen de alimentos que terminan en la basura en los hogares, restaurantes y comercios minoristas para 2030.
En las cadenas de producción y suministro, se espera una reducción del 20% en el volumen de productos alimentarios malogrados, tomando como base los datos de 2020.